La segunda vuelta electoral para la Gobernación de Santa Cruz, protagonizada por Otto Ritter y Juan Pablo Velasco, no solo refleja un relevo generacional, sino también la representación de distintos sectores económicos, sociales y culturales del departamento. Sin embargo, más allá de sus diferencias, ambas candidaturas se desarrollan en un contexto marcado por una crisis de representación política, caracterizada por la debilidad institucional de las organizaciones partidarias y la limitada profundidad programática.
Este escenario se inscribe en una tendencia nacional donde, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), más del 60% de las organizaciones políticas subnacionales presentan estructuras poco consolidadas y alta volatilidad electoral. A ello se suma un creciente nivel de desconfianza ciudadana: diversas encuestas nacionales sitúan la confianza en los partidos políticos por debajo del 20%, evidenciando una brecha entre representación política y demandas sociales.
En este marco, el debate electoral ha omitido o abordado de manera insuficiente algunos ejes estratégicos para el desarrollo integral de Santa Cruz, que deberían constituirse en pilares de una política pública departamental:
- Infraestructura e integración territorial
Santa Cruz concentra aproximadamente el 30% del PIB nacional y más del 70% de la producción agroindustrial del país, lo que resalta la importancia de fortalecer la interconexión vial. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca del 40% de los caminos departamentales se encuentran en condiciones regulares o malas, afectando la competitividad, el acceso a mercados y la integración territorial.
Una política pública efectiva en este ámbito debería priorizar:
- Inversión en infraestructura vial estratégica.
- Articulación entre producción agroindustrial y sistemas de economía sostenible que fortalezca la producción agroecológica que garantice la soberanía alimentaria.
- Promoción del turismo interprovincial como motor económico complementario.
- Acceso, uso y regulación de la tierra
La estructura agraria en Bolivia presenta altos niveles de desigualdad. Estudios del sector agrario indican que un porcentaje reducido de grandes propietarios concentra extensas superficies productivas, mientras pequeños productores y comunidades indígenas enfrentan limitaciones de acceso y seguridad jurídica.
Recientes ajustes normativos impulsados desde el nivel central han generado preocupación sobre posibles procesos de reconcentración de la tierra, lo que podría profundizar desigualdades. En Santa Cruz, donde se ubican importantes zonas productivas, este tema es especialmente crítico.
Desde la política pública, se requiere:
- Fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad agraria.
- Garantizar derechos de comunidades indígenas y pequeños productores.
- Promover un modelo de desarrollo que equilibre productividad con sostenibilidad ambiental.
- Planificación urbana y ordenamiento territorial
Santa Cruz es el departamento con mayor crecimiento demográfico del país, con tasas superiores al 2% anual, según el INE. Este crecimiento ha derivado en una expansión urbana acelerada y, en muchos casos, desordenada.
Municipios intermedios y áreas periurbanas enfrentan:
- Déficit de servicios básicos.
- Ocupación irregular de tierras.
- Presión sobre recursos naturales.
Una política pública departamental debería impulsar:
- Planes de ordenamiento territorial vinculantes.
- Regulación del uso del suelo.
- Coordinación entre niveles de gobierno para un crecimiento urbano sostenible.
- Crisis en los servicios de salud y educación
El sistema de salud y educación presenta brechas estructurales importantes. Datos oficiales muestran que:
- Bolivia destina alrededor del 6–7% del PIB a educación, pero con marcadas desigualdades territoriales.
- En salud, el gasto público ronda el 6% del PIB, con déficit de infraestructura y recursos humanos, especialmente en áreas rurales.
En Santa Cruz, estas brechas se manifiestan en:
- Saturación de hospitales de tercer nivel.
- Déficit de centros de salud en zonas periurbanas.
- Infraestructura educativa insuficiente en áreas rurales.
Las políticas públicas deberían enfocarse en:
- Fortalecer la atención primaria en salud.
- Descentralizar servicios especializados.
- Invertir en infraestructura y formación de recursos humanos.
- Mejorar la calidad educativa con enfoque territorial.
Conclusiones y orientaciones de política pública
La actual coyuntura electoral representa una oportunidad para reorientar el debate hacia una agenda estratégica de desarrollo departamental. Más allá de las diferencias entre candidaturas, el desafío central radica en construir propuestas que superen enfoques de corto plazo y respondan a problemas estructurales.
En este sentido, se plantean las siguientes orientaciones:
- Fortalecimiento institucional: promover organizaciones políticas sólidas, con programas claros y mecanismos de rendición de cuentas.
- Planificación de largo plazo: diseñar políticas públicas con enfoque territorial, sostenibilidad ambiental y equidad social.
- Participación ciudadana: incorporar a actores sociales, productivos y académicos en la toma de decisiones.
- Transparencia y lucha contra la corrupción: establecer sistemas efectivos de control y acceso a la información pública.
Finalmente, Santa Cruz tiene el potencial de consolidarse como un motor de desarrollo nacional, pero ello dependerá de la capacidad de sus liderazgos para construir consensos, priorizar el bien común y avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, sostenible y equilibrado.
Por: Julio Martell